Denuncian que PGR fabrica "chivos expiatorios"

TIJUANA.- El gobierno federal está fabricando “culpables” de delitos para justificar los atropellos que ha cometido en la lucha contra la delincuencia, acusaron familiares de detenidos durante un fiesta en la cual participaban presuntos cabecillas del crimen organizado.



Portando pancartas en las que exigían justicia, este lunes se manifestaron ante las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), por la ampliación del arraigo que un juez federal dictó a sus parientes después de que cumplieron 40 días de detención.
Se trata de trabajadores del salón social Mezanine de Tijuana, donde la madrugada del 8 de marzo pasado elementos del Ejército Mexicano detuvieron a 60 personas que celebraban una fiesta, entre quienes se encontraba Ángel Jácome Gamboa, “el Kaibil”, presunto lugarteniente de una célula del cártel de Sinaloa que opera en Tijuana.
Entre los empleados —que se encuentran arraigados en la ciudad de México— hay meseros, cantineros, músicos y vigilantes, a quienes se mezcló con los invitados, el “Kaibil” y otros individuos de quienes se asegura tenían nexos con los presuntos delincuentes.
A Jácome Gamboa el Ejército Mexicano lo identificó como presunto lugarteniente de Teodoro García Simental, ubicado extraoficialmente como “representante” del cártel de Sinaloa que hasta abril del 2008 perteneció al clan de los hermanos Arellano Félix.
También asistían a la fiesta un policía estatal preventivo de Baja California, quien estuvo asignado al cuerpo de escoltas del gobernador José Guadalupe Osuna Millán (PAN), así como otro ex-agente ministerial, entre otras personas.
A raíz de las pesquisas, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) llamó a declarar a varios agentes policíacos de Tijuana y Playas de Rosarito, incluido personal de seguridad del mandatario estatal, que salió en libertad tras ofrecer una declaración.

Trastorno familiar
Blanca Montijo, hermana de uno de los trabajadores arraigados, acusó que en el caso de su familiar está comprobado que sólo se encontraba prestando sus servicios el día de los hechos, al igual que el resto de los empleados, por lo que consideró una ilegalidad la ampliación del arraigo.
“No estamos en desacuerdo con la lucha que se está llevando a cabo contra la delincuencia organizada, pero sí de este tipo de atropellos”, afirmó la mujer, quien sostuvo que las dificultades no paran en la injusticia sino en una serie de problemas económicos y morales para los parientes de los arraigados.
Perla Rodríguez, esposa de un cantinero detenido, acusó que las autoridades actuaron con arbitrariedad al llevarse a todos los hombres que asistían a la fiesta, sin importar si eran invitados o empleados.
Recordó que el día del festejo ella y su esposo estaban trabajando en la barra del Mezanine como lo habían hecho en muchas otras ocasiones, sin saber de quién era la celebración, contratados por la administración del salón social, porque es “lo normal” para quienes prestan sus servicios en esos lugares.
De igual forma se manifestaron familiares de otros arraigados, quienes además de protestar por lo que califican de detención injusta, afirman que enfrentan serios problemas financieros ya que la autoridad no sólo se llevó a su sostén económico sino que ha generado una serie de gastos en viajes, abogados y atención a sus parientes.Adelantaron que solicitarán la intervención del gobernador Osuna Millán para que se les informe lo que está ocurriendo con sus familiares, pues temen que después de un arraigo de 40 días y la ampliación de ese término, se les dicte formal prisión por delitos que no cometieron.