TIJUANA.-La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California acusó de dilación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atender las violaciones de garantías individuales registradas durante los motines del 14 y 17 de septiembre del 2008 en la Penitenciaría de La Mesa en Tijuana.
Asimismo insistió en la responsabilidad de agentes estatales en los disparos contra internos durante el motín del 17 de septiembre, día en que se reportó la muerte de al menos 20 personas que se encontraban en cautiverio, de las cuales reiteró que 18 recibieron impactos de arma de fuego en la cabeza y tórax.
El ombsduman Francisco Javier Sánchez Corona criticó la descalificación realizada por el gobierno de Baja California en el sentido de declarar la incompetencia de la PDH bajo el argumento de que es un asunto que le corresponde investigar al organismo nacional por estar involucrados militares y policías federales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos "no ejerció la facultad de atracción del caso" pese que los hechos fueron notificados de manera oportuna por el organismo estatal.
Sánchez Corona dijo que el 17 de septiembre a las 13:30 horas, se informó a la CNDH de la situación que prevalecía en el penal tijuanense, en particular al Secretario Técnico Jesús Naime Libien, al Primer Visitador Raúl Plascencia y al Tercer Visitador Andrés Calero Aguilar. Sin embargo, hasta el momento no ha ejercido la facultad de atracción del caso.
Abundó que el criterio de coordinación que ha prevalecido entre ambas instituciones autónomas es que la CNDH "radica queja y se pronuncia en cuanto a las conductas de autoridades federales, en respeto de la competencia de la PDHyPC, para que conozca y resuelva en cuanto a autoridades locales".
Tras señalar que la recomendación 16-08, relacionada con los motines del penal de La Mesa, fueron emitidas en completo cumplimiento de sus facultades, Sánchez Corona insistió en la importancia que el gobierno estatal, el Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia atiendan los puntos recomendatorios porque son "producto de una investigación profunda realizada con relación a los hechos ocurridos" en septiembre, en los cuales participan servidores públicos federales y locales.
"Sin embargo, sí se tiene la seguridad de la participación de autoridades tanto estatales como municipales en los hechos, ante las diferentes versiones de testigos presénciales en los hechos de la persistente intervención de elementos muy en especial estatales en los disparos hacía internos", comentó a través de un comunicado.
El titular de la PDH hizo un llamado a "una lectura integral" de los elementos de investigación y de fundamento legal de la recomendación.
También instó al gobierno de Tijuana a respetar el status constitucional de la PDH y al Congreso del Estado a respetar la facultad que tiene el organismo para "ceñirse la personalidad del ciudadano" para solicitar juicio político contra el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, por su responsabilidad en el saldo de los motines, la cual se encuentra contenida en la recomendación pero le fue rechazada bajo el argumento que la única vía para iniciar el análisis de procedencia es una denuncia.
